En esta nueva entrada sobre las drogas, ofrecemos algunas visiones de la despenalización del consumo de estupefacientes, tema peliagudo donde los haya pero que creemos debería ser profundo objeto de debate en muchos de los países en las que el tráfico de drogas significa un problema no resuelto, en el mejor de los casos, o un tumor imposible de extirpar de los huesos de su sociedad, como ocurre en México, Afganistán o Colombia, entre otros.
Después de más de una década gastando miles de millones de dólares en combatir el narcotráfico (y a pesar de los masivos decomisos policiales ni siquiera logran subir el precio de la droga), decenas de miles de vidas arruinadas o perdidas por la adicción o por los asesinatos cometidos por los narcotraficantes o las bandas terroristas a ellos asociadas, ya va siendo hora de un nuevo enfoque.
Recientemente el escritor mejicano Carlos Fuentes se acogía a la iniciativa de varios ex-presidentes latinoamericanos para despenalizar el consumo de droga de forma paulatina, empezando por la marihuana. Fuentes aseguraba que la inseguridad, la violencia latente y el crimen siguen presentes en México a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Felipe Calderón.
Recientemente el escritor mejicano Carlos Fuentes se acogía a la iniciativa de varios ex-presidentes latinoamericanos para despenalizar el consumo de droga de forma paulatina, empezando por la marihuana. Fuentes aseguraba que la inseguridad, la violencia latente y el crimen siguen presentes en México a pesar de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Felipe Calderón.
"Lo ha demostrado Ciudad Juárez, lo acaba de demostrar hace unos días en el ataque frontal al narcotráfico, el narco las lleva todas de ganar" (...) "si usted mata a un narco surgen dos, si mata dos surgen tres, si mata tres surgen seis, etc. Por eso hay que ver otras maneras, difíciles estoy de acuerdo, pero quizá más efectivas apara acabar con este flagelo". (...) "Yo no tengo soluciones 100% confiables, pero hay que pensar en ir superando este problema del país"
En España también el filósofo y escritor Fernando Savater se ha significado a favor de la legalización del consumo de drogas como forma para combatir el poder del narcotráfico internacional. A finales de 2008 escribía lo siguiente al volver de México:
(...) Por descontado, el problema de la inseguridad en este país o en cualquiera es complejo y alimentado por múltiples ingredientes. Pero uno de ellos destaca por encima de cualquier otro: el fabuloso negocio del tráfico de drogas ilegales. Y tengámoslo claro: el negocio no consiste en las drogas en sí mismas, sino en su ilegalidad. No hay en este momento ninguna democracia institucional en Iberoamérica que pueda hacer frente con esperanzas de victoria a la plutocracia de los narcotraficantes: ni en Colombia, ni en Bolivia, ni en México ni en ninguna parte. Mientras la irracional cruzada contra las drogas, promovida y alentada por Estados Unidos, continúe manteniendo este flujo siempre creciente de ganancias -¡a los narcos la crisis no les afecta!- el peligro para las instituciones democráticas de esos países no hará más que empeorar.
Lo llevo repitiendo desde hace más de veinte años, pero insisto una vez más: mientras las drogas no se despenalicen, continuará este fabuloso y letal negocio gangsteril. Si se pudieran adquirir y consumir sin más trabas que el alcohol o el tabaco, con la debida información de sus efectos y pagando impuestos como cualquier otra mercancía, cesarían los ingresos del narcotráfico... así como la bien remunerada sinecura de muchos de sus perseguidores, oficiales y oficiosos. Lo que hoy es un problema de toda la sociedad volvería a ser cuestión personal, con abusos y daños lamentables pero estrictamente privados. Ahora bien, es imposible imaginar esta despenalización necesaria sin la anuencia del país que la inventó y la mantiene (del que provienen también, por cierto, el mayor número de consumidores). ¿Sería capaz el presidente Obama de dar este paso definitivo y acabar con el narconegocio del único modo posible?
Aunque la idea de un debate nacional en profundidad y con templanza en un país como España, tan lleno de demagogos integrales y recalcitrantes salvaalmas, es algo que nos causa cierta risa nerviosa.
Les dejamos con el artículo El otro estado, del escritor peruano Mario Vargas Llosa, que el pasado enero escribía al respecto en el diario El País y seguidamente con el gran número musical que se marcan Brian y Stewie en la octava temporada de Padre de familia, cuando Brian emprende una campaña para despenalizar el consumo de marihuana en la ciudad de Quahog.
También algunas actrices como Drew Barrymore, Megan Fox o Cameron Díaz han reconocido consumir marihuana y otra chavala lista como Kirsten Dunst ha dicho en alguna ocasión “me gusta fumar marihuana… creo que si todo el mundo fumara marihuana el mundo sería mejor.” Amén a eso Kirsten. También el presidente norteamericano, Barack Obama, dio orden de no usar recursos federales para perseguir el consumo de marihuana para uso médico en los catorce estados en que está permitido.
Así pues, desde la Redacción de "Vida y Tiempos..." nos unimos a todos ellos, Fuentes, Savater, Cameron, Megan, Kirsten, Vargas Llosa, Obama, Brian y Stewie Griffin, pidiendo un cambio en las políticas antidroga actuales, que sean reemplazadas por serios debates nacionales en los países productores y consumidores, en los que se ofrezca in-for-ma-ción veraz sobre las consecuencias del consumo puntual y el consumo excesivo de dichas sustancias, combatiéndolo desde la prevención y la educación y se estudie la implantación de programas piloto en los que se contemple la legalización de las drogas y el tratamiento de las adicciones a las mismas como cualquier otra enfermedad.
Vargas Llosa - El otro Estado
La experiencia de México lo confirma: no es posible derrotar militarmente al narcotráfico. Habrá cultivo y tráfico de drogas mientras haya consumo. La despenalización es el único remedio. Mario Vargas Llosa. El País. 10/01/2010
Hace algún tiempo escuché al presidente de México, Felipe Calderón, explicar a un grupo reducido de personas, qué lo llevó hace tres años a declarar la guerra total al narcotráfico, involucrando en ella al Ejército. Esta guerra, feroz, ha dejado ya más de quince mil muertos, incontables heridos y daños materiales enormes.
El panorama que el presidente Calderón trazó era espeluznante. Los cárteles se habían infiltrado como una hidra en todos los organismos del Estado y los sofocaban, corrompían, paralizaban o los ponían a su servicio. Contaban para ello con una formidable maquinaria económica, que les permitía pagar a funcionarios, policías y políticos mejores salarios que la administración pública, y una infraestructura de terror capaz de liquidar a cualquiera, no importa cuán protegido estuviera. Dio algunos ejemplos de casos donde se comprobó que los candidatos finalistas de concursos para proveer vacantes en cargos oficiales importantes relativos a la Seguridad habían sido previamente seleccionados por la mafia.
La conclusión era simple: si el gobierno no actuaba de inmediato y con la máxima energía, México corría el riesgo de convertirse en poco tiempo en un narco-estado. La decisión de incorporar al Ejército, explicó, no fue fácil, pero no había alternativa: era un cuerpo preparado para pelear y relativamente intocado por el largo brazo corruptor de los cárteles.
¿Esperaba el presidente Calderón una reacción tan brutal de las mafias? ¿Sospechaba que el narcotráfico estuviera equipado con un armamento tan mortífero y un sistema de comunicaciones tan avanzado que le permitiera contraatacar con tanta eficacia a las Fuerzas Armadas? Respondió que nadie podía haber previsto semejante desarrollo de la capacidad bélica de los narcos. Éstos iban siendo golpeados, pero, había que aceptarlo, la guerra duraría y en el camino quedarían por desgracia muchas víctimas.
Esta política de Felipe Calderón que, al comienzo, fue popular, ha ido perdiendo respaldo a medida que las ciudades mexicanas se llenaban de muertos y heridos y la violencia alcanzaba indescriptibles manifestaciones de horror. Desde entonces, las críticas han aumentado y las encuestas de opinión indican que ahora una mayoría de mexicanos es pesimista sobre el desenlace y condena esta guerra.
Los argumentos de los críticos son, principalmente, los siguientes: no se declaran guerras que no se pueden ganar. El resultado de movilizar al Ejército en un tipo de contienda para la que no ha sido preparado tendrá el efecto perverso de contaminar a las Fuerzas Armadas con la corrupción y dará a los cárteles la posibilidad de instrumentalizar también a los militares para sus fines. Al narcotráfico no se le debe enfrentar de manera abierta y a plena luz, como a un país enemigo: hay que combatirlo como él actúa, en las sombras, con cuerpos de seguridad sigilosos y especializados, lo que es tarea policial.
Muchos de estos críticos no dicen lo que de veras piensan, porque se trata de algo indecible: que es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron. Que ellos están aquí para quedarse. Que, no importa cuántos capos y forajidos caigan muertos o presos ni cuántos alijos de cocaína se capturen, la situación sólo empeorará. A los narcos caídos los reemplazarán otros, más jóvenes, más poderosos, mejor armados, más numerosos, que mantendrán operativa una industria que no ha hecho más que extenderse por el mundo desde hace décadas, sin que los reveses que recibe la hieran de manera significativa.
Esta verdad vale no sólo para México sino para buena parte de los países latinoamericanos. En algunos, como en Colombia, Bolivia y Perú, avanza a ojos vista y en otros, como Chile y Uruguay, de manera más lenta. Pero se trata de un proceso irresistible que, pese a las vertiginosas sumas de recursos y esfuerzos que se invierten en combatirlo, sigue allí, vigoroso, adaptándose a las nuevas circunstancias, sorteando los obstáculos que se le oponen con una rapidez notable, y sirviéndose de las nuevas tecnologías y de la globalización como lo hacen las más desarrolladas transnacionales del mundo.
El problema no es policial sino económico. Hay un mercado para las drogas que crece de manera imparable, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, y la industria del narcotráfico lo alimenta porque le rinde pingües ganancias. Las victorias que la lucha contra las drogas pueden mostrar son insignificantes comparadas con el número de consumidores en los cinco continentes. Y afecta a todas las clases sociales. Los efectos son tan dañinos en la salud como en las instituciones. Y a las democracias del Tercer Mundo, como un cáncer, las va minando.
¿No hay, pues, solución? ¿Estamos condenados a vivir más tarde o más temprano, con narco-Estados como el que ha querido impedir el presidente Felipe Calderón? La hay. Consiste en descriminalizar el consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores, tal como vienen sosteniendo The Economist y buen número de juristas, profesores, sociólogos y científicos en muchos países del mundo sin ser escuchados. En febrero de 2009, una Comisión sobre Drogas y Democracia creada por tres ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, propuso la descriminalización de la marihuana y una política que privilegie la prevención sobre la represión. Éstos son indicios alentadores.
La legalización entraña peligros, desde luego. Y, por eso, debe ser acompañada de un redireccionamiento de las enormes sumas que hoy día se invierten en la represión, destinándolas a campañas educativas y políticas de rehabilitación e información como las que, en lo relativo al tabaco, han dado tan buenos resultados.
El argumento según el cual la legalización atizaría el consumo como un incendio, sobre todo entre los jóvenes y niños, es válido, sin duda. Pero lo probable es que se trate de un fenómeno pasajero y contenible si se lo contrarresta con campañas efectivas de prevención. De hecho, en países como Holanda, donde se han dado pasos permisivos en el consumo de las drogas, el incremento ha sido fugaz y luego de un cierto tiempo se ha estabilizado. En Portugal, según un estudio del CATO Institute, el consumo disminuyó después que se descriminalizara la posesión de drogas para uso personal.
¿Por qué los gobiernos, que día a día comprueban lo costosa e inútil que es la política represiva, se niegan a considerar la descriminalización y a hacer estudios con participación de científicos, trabajadores sociales, jueces y agencias especializadas sobre los logros y consecuencias que ella traería? Porque, como lo explicó hace veinte años Milton Friedman, quien se adelantó a advertir la magnitud que alcanzaría el problema si no se lo resolvía a tiempo y a sugerir la legalización, intereses poderosos lo impiden.
No sólo quienes se oponen a ella por razones de principio. El obstáculo mayor son los organismos y personas que viven de la represión de las drogas, y que, como es natural, defienden con uñas y dientes su fuente de trabajo. No son razones éticas, religiosas o políticas, sino el crudo interés el obstáculo mayor para acabar con la arrolladora criminalidad asociada al narcotráfico, la mayor amenaza para la democracia en América Latina, más aún que el populismo autoritario de Hugo Chávez y sus satélites.
Lo que ocurre en México es trágico y anuncia lo que empezarán a vivir tarde o temprano los países que se empeñen en librar una guerra ya perdida contra ese otro Estado que ha ido surgiendo delante de nuestras narices sin que quisiéramos verlo.
Vargas Llosa - El otro Estado
La experiencia de México lo confirma: no es posible derrotar militarmente al narcotráfico. Habrá cultivo y tráfico de drogas mientras haya consumo. La despenalización es el único remedio. Mario Vargas Llosa. El País. 10/01/2010
Hace algún tiempo escuché al presidente de México, Felipe Calderón, explicar a un grupo reducido de personas, qué lo llevó hace tres años a declarar la guerra total al narcotráfico, involucrando en ella al Ejército. Esta guerra, feroz, ha dejado ya más de quince mil muertos, incontables heridos y daños materiales enormes.
El panorama que el presidente Calderón trazó era espeluznante. Los cárteles se habían infiltrado como una hidra en todos los organismos del Estado y los sofocaban, corrompían, paralizaban o los ponían a su servicio. Contaban para ello con una formidable maquinaria económica, que les permitía pagar a funcionarios, policías y políticos mejores salarios que la administración pública, y una infraestructura de terror capaz de liquidar a cualquiera, no importa cuán protegido estuviera. Dio algunos ejemplos de casos donde se comprobó que los candidatos finalistas de concursos para proveer vacantes en cargos oficiales importantes relativos a la Seguridad habían sido previamente seleccionados por la mafia.
La conclusión era simple: si el gobierno no actuaba de inmediato y con la máxima energía, México corría el riesgo de convertirse en poco tiempo en un narco-estado. La decisión de incorporar al Ejército, explicó, no fue fácil, pero no había alternativa: era un cuerpo preparado para pelear y relativamente intocado por el largo brazo corruptor de los cárteles.
¿Esperaba el presidente Calderón una reacción tan brutal de las mafias? ¿Sospechaba que el narcotráfico estuviera equipado con un armamento tan mortífero y un sistema de comunicaciones tan avanzado que le permitiera contraatacar con tanta eficacia a las Fuerzas Armadas? Respondió que nadie podía haber previsto semejante desarrollo de la capacidad bélica de los narcos. Éstos iban siendo golpeados, pero, había que aceptarlo, la guerra duraría y en el camino quedarían por desgracia muchas víctimas.
Esta política de Felipe Calderón que, al comienzo, fue popular, ha ido perdiendo respaldo a medida que las ciudades mexicanas se llenaban de muertos y heridos y la violencia alcanzaba indescriptibles manifestaciones de horror. Desde entonces, las críticas han aumentado y las encuestas de opinión indican que ahora una mayoría de mexicanos es pesimista sobre el desenlace y condena esta guerra.
Los argumentos de los críticos son, principalmente, los siguientes: no se declaran guerras que no se pueden ganar. El resultado de movilizar al Ejército en un tipo de contienda para la que no ha sido preparado tendrá el efecto perverso de contaminar a las Fuerzas Armadas con la corrupción y dará a los cárteles la posibilidad de instrumentalizar también a los militares para sus fines. Al narcotráfico no se le debe enfrentar de manera abierta y a plena luz, como a un país enemigo: hay que combatirlo como él actúa, en las sombras, con cuerpos de seguridad sigilosos y especializados, lo que es tarea policial.
Muchos de estos críticos no dicen lo que de veras piensan, porque se trata de algo indecible: que es absurdo declarar una guerra que los cárteles de la droga ya ganaron. Que ellos están aquí para quedarse. Que, no importa cuántos capos y forajidos caigan muertos o presos ni cuántos alijos de cocaína se capturen, la situación sólo empeorará. A los narcos caídos los reemplazarán otros, más jóvenes, más poderosos, mejor armados, más numerosos, que mantendrán operativa una industria que no ha hecho más que extenderse por el mundo desde hace décadas, sin que los reveses que recibe la hieran de manera significativa.
Esta verdad vale no sólo para México sino para buena parte de los países latinoamericanos. En algunos, como en Colombia, Bolivia y Perú, avanza a ojos vista y en otros, como Chile y Uruguay, de manera más lenta. Pero se trata de un proceso irresistible que, pese a las vertiginosas sumas de recursos y esfuerzos que se invierten en combatirlo, sigue allí, vigoroso, adaptándose a las nuevas circunstancias, sorteando los obstáculos que se le oponen con una rapidez notable, y sirviéndose de las nuevas tecnologías y de la globalización como lo hacen las más desarrolladas transnacionales del mundo.
El problema no es policial sino económico. Hay un mercado para las drogas que crece de manera imparable, tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados, y la industria del narcotráfico lo alimenta porque le rinde pingües ganancias. Las victorias que la lucha contra las drogas pueden mostrar son insignificantes comparadas con el número de consumidores en los cinco continentes. Y afecta a todas las clases sociales. Los efectos son tan dañinos en la salud como en las instituciones. Y a las democracias del Tercer Mundo, como un cáncer, las va minando.
¿No hay, pues, solución? ¿Estamos condenados a vivir más tarde o más temprano, con narco-Estados como el que ha querido impedir el presidente Felipe Calderón? La hay. Consiste en descriminalizar el consumo de drogas mediante un acuerdo de países consumidores y países productores, tal como vienen sosteniendo The Economist y buen número de juristas, profesores, sociólogos y científicos en muchos países del mundo sin ser escuchados. En febrero de 2009, una Comisión sobre Drogas y Democracia creada por tres ex-presidentes, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, propuso la descriminalización de la marihuana y una política que privilegie la prevención sobre la represión. Éstos son indicios alentadores.
La legalización entraña peligros, desde luego. Y, por eso, debe ser acompañada de un redireccionamiento de las enormes sumas que hoy día se invierten en la represión, destinándolas a campañas educativas y políticas de rehabilitación e información como las que, en lo relativo al tabaco, han dado tan buenos resultados.
El argumento según el cual la legalización atizaría el consumo como un incendio, sobre todo entre los jóvenes y niños, es válido, sin duda. Pero lo probable es que se trate de un fenómeno pasajero y contenible si se lo contrarresta con campañas efectivas de prevención. De hecho, en países como Holanda, donde se han dado pasos permisivos en el consumo de las drogas, el incremento ha sido fugaz y luego de un cierto tiempo se ha estabilizado. En Portugal, según un estudio del CATO Institute, el consumo disminuyó después que se descriminalizara la posesión de drogas para uso personal.
¿Por qué los gobiernos, que día a día comprueban lo costosa e inútil que es la política represiva, se niegan a considerar la descriminalización y a hacer estudios con participación de científicos, trabajadores sociales, jueces y agencias especializadas sobre los logros y consecuencias que ella traería? Porque, como lo explicó hace veinte años Milton Friedman, quien se adelantó a advertir la magnitud que alcanzaría el problema si no se lo resolvía a tiempo y a sugerir la legalización, intereses poderosos lo impiden.
No sólo quienes se oponen a ella por razones de principio. El obstáculo mayor son los organismos y personas que viven de la represión de las drogas, y que, como es natural, defienden con uñas y dientes su fuente de trabajo. No son razones éticas, religiosas o políticas, sino el crudo interés el obstáculo mayor para acabar con la arrolladora criminalidad asociada al narcotráfico, la mayor amenaza para la democracia en América Latina, más aún que el populismo autoritario de Hugo Chávez y sus satélites.
Lo que ocurre en México es trágico y anuncia lo que empezarán a vivir tarde o temprano los países que se empeñen en librar una guerra ya perdida contra ese otro Estado que ha ido surgiendo delante de nuestras narices sin que quisiéramos verlo.
Padre de familia - "A bag of weed" (from elotropablito)
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